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Los días 4 y 16 de mayo del presente año, el gobierno colombiano arremetió una vez más contra la población campesina de la vereda la Poza y Las Nutrias, ubicadas en el municipio de Cantagallo, al realizar fumigaciones con Glifostato (herbicida) en territorios donde no existen desde ya hace mucho tiempo cultivos de hoja de coca, o si existen son pocas hectáreas que no justifican la erradicación con aspersión de glifosato, ya que está modalidad contamina a nivel general el territorio, contamina el agua, la tierra, los pastos, los animales, las personas, etc.
En esta zona se cultiva desde hace mucho tiempo arroz, yuca y pastos, que se vieron afectados por esta situación, por eso hoy son menos las hectáreas con cultivos de pancoger y por el contrario aumentaron las hectáreas contaminadas a causa del glifosato.
En el momento en que se efectuaba la fumigación los campesinos que estaban siendo afectados, decidieron llamar a la policía del municipio esperando encontrar en los “servidores públicos” ayuda ante su problemática, pero como el asunto de las jurisdicciones de unos y otros funciona muy bien cuando es necesario darle la espalda a la población que lo necesita, la única respuesta suministrada fue: “eso es responsabilidad del batallón de San Pablo”.
Con la fumigación que se estaba efectuando en el territorio no sólo se esfumaban las posibilidades de alimentación, sino también la posibilidad de estadía en el mismo, ya que hoy no sólo se ve amenazado por las fumigaciones, sino por diferentes proyectos de multinacionales que pretenden asentarse en el territorio y que hoy tienen todas las gabelas por parte de este gobierno que cada vez que arremete contra la población se vuelve más ilegitimo ante el campesinado.
Y así los campesinos veían impávidos la destrucción de sus cultivos, veían como el costo y el esfuerzo humano realizado para la siembra se perdía en unos pocos segundos ante la imposibilidad de un trato digno y justo por parte de este gobierno, que en vez de apoyar al campesinado le pone la soga al cuello, le manda a fumigar sus territorios, es permisivo y cómplice de grupos paramilitares que amedrantan a la población y se ufana de un TLC que profundizará la crisis en el campo, clava una daga al campesinado cada vez que defiende a quema ropa políticas neoliberales que le quitan la tierra al campesino, que le niegan la posibilidad de organización y los desestabiliza en la medida que no genera garantías para permanecer dignamente en el territorio.
Pero aunque se den estas nefastas actuaciones , nunca podrán arrebatarnos el deseo de justicia, ni las ganas de luchar por una nueva Colombia, por eso hoy creemos y le apostamos a una nueva propuesta de unidad del movimiento social que hemos decidido llamar: Movimiento Político Marcha Patriótica por la segunda y definitiva independencia, porque es un espacio que le da cabida y esperanza al campesinado para vivir dignamente en su territorio.
Hoy queremos recordarle al gobierno nacional que el territorio que está siendo afectado por las fumigaciones está dentro de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra y por tanto son ilegales este tipo de intervenciones, es así que demandamos del gobierno nacional que las intervenciones en este territorio se den acordes con la Ley 160 de 1994 o Ley de Reforma Agraria en su capítulo XIII donde se aborda lo relacionado con las ZRC, allí claramente se expone lo siguiente:
“En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, (…) las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción” (1). De esta ley también se desprenden distintas responsabilidades (2) por parte del Estado Colombiano frente a la ZRC entre las cuales podemos mencionar:
Debe garantizar la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos y nuestra participación en las instancias de planificación y decisión regionales.
Debe respetar los propósitos establecidos por la ley para las zonas de reserva campesina y las reivindicaciones con las cuales el campesinado construyó la figura.
¡Es así que exigimos la finalización de todas las fumigaciones con glifosato en este territorio y se respeten nuestros derechos!
Por último esta situación nos induce a preguntarnos:
¿Qué intereses tiene el gobierno nacional para fumigar territorios donde no hay cultivos de hoja de coca?
¿Cuánto dinero se ha malgastado en los últimos años a raíz de estas fumigaciones?
En contraste a este gasto es importante señalar que al día de hoy no hay profesores/as que atiendan las demandas de la población en educación en ninguna vereda del municipio de Cantagallo y tampoco existen puestos de salud que atiendan las necesidades en salud de la población.
¿Con estas fumigaciones impuestas a qué le está apostando el gobierno nacional, a la guerra o a la paz en los campos colombianos?
Notas:
1. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 160. (3 Agosto, 1994). Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. [En línea], Diario oficial. Bogotá, D.C., [Citado el 21 de mayo del 2012].
2. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA. Cartilla pedagógica de las zonas de reserva campesina en Colombia. Primera edición. Bogotá. 2011. p.31.
Los días 4 y 16 de mayo del presente año, el gobierno colombiano arremetió una vez más contra la población campesina de la vereda la Poza y Las Nutrias, ubicadas en el municipio de Cantagallo
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Tras una década de estigmatización, judicializaciones, encarcelamientos, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros hostigamientos contra el campesinado que las impulsa, las Zonas de Reserva Campesina no solo sobreviven, sino que se yerguen en un contexto marcado por intensos debates sobre el secular problema agrario colombiano.
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